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¿El posible la atracción de sectores militares al campo popular?

Estoy seguro de que muchos militares honestos ven claro que hay un nexo entre la corrupción y el interés por prolongar el conflicto.
Integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP.

Una de las discusiones más antiguas en el seno de la izquierda, los académicos y el movimiento democrático y popular, se da sobre el papel de las Fuerzas Militares en momentos en los cuales la crisis general se profundiza a tal punto que las cosas no pueden seguir siendo como estaban. Hacia allá se enrumba Colombia, sin importar el resultado electoral, por eso el tema vuelve a sonar.

Las experiencias conocidas en ese campo son variadas, algunas positivas, otras desastrosas. Lo irrefutable es que las clases dominantes perfeccionan los mecanismos de control sobre las Fuerzas Militares porque saben que ellas constituyen el pilar fundamental en la dominación de clase y son las garantes de la preservación de sus centenarios privilegios.

No solo las burguesías nativas se preocupan por el control de ellas. Conocedores de la importancia de los ejércitos como factores determinantes del poder real, los gobernantes de Estados Unidos despliegan un trabajo de largo alcance hacia los militares de nuestras naciones.

Varios son los métodos empleados: becas para estudios en academias militares, colegios o universidades; invitaciones a conocer el país del norte, intercambios, cursos en la Escuela de las Américas, maniobras militares conjuntas, asesoría permanente, convivencias, donaciones, canonjías, manejo de egos y hasta el chantaje en caso necesario.

Lo anterior permite a los estadounidenses monitorear la formación académica, política e ideológica  de alumnos de los ejércitos de los países latinoamericanos y caribeños, para hacerse a información clasificada sobre ellos, la cual puede ser utilizada a conveniencia, en momentos oportunos.

Eso explica, en gran medida, la facilidad que poseen para organizar, promover y ejecutar golpes militares reaccionarios, como los realizados en casi todos los países de nuestro continente en las décadas de los años 60 y 70. Las recientes intentonas de golpes en Venezuela, Bolivia, Ecuador, y el relativo éxito obtenido en Honduras y Paraguay, nos muestran que tales prácticas no han sido abandonadas por el imperio.

En Colombia la situación con los militares ha sido muy complicada. En aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el Ejército ha sido utilizado en tareas que no le son propias. La función de proteger las fronteras patrias fue cambiada a instancias del Pentágono por la de volver sus armas contra su propio pueblo en busca de un inexistente “enemigo interno”.

Esa burda distorsión del quehacer propició que algunos oficiales, sub-oficiales y soldados se convirtieran en violadores sistemáticos de los Derechos Humanos.

Hoy están respondiendo por casos de desaparición forzada de personas, tortura, ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), abuso sexual y corrupción, entre otros delitos.

El problema es de tal magnitud que van cuatro mil sentencias condenatorias y existen catorce mil investigaciones en curso contra personal de las Fuerzas Armadas. Recientemente el Tribunal Superior de Cundinamarca ratificó la condena a 37 años de prisión al General Jaime Uzcátegui, por la masacre de Mapiripán.

Otro caso repudiable es el del Coronel Robinson González del Río quien reconoce su participación directa en más de 190 falsos positivos, vínculos con el paramilitarismo, negociados y corrupción. Este sujeto cometió sus tropelías con la anuencia de encumbrados Generales, y la complicidad de personajes como Santiago Uribe, hermano del expresidente.

¿A pesar de lo anterior es posible la atracción de militares al campo popular?

Sin duda alguna, sí; porque la gran mayoría de ellos provienen de los sectores populares, y porque existen militares honestos, oficiales de valía, que al tiempo que propenden por la solución política del conflicto, repudian el hecho de que algunos generales utilicen sus altos cargos en la comandancia del Ejército para enriquecerse a través de negociados y prácticas corruptas. Estoy seguro de que muchos militares honestos ven claro que hay un nexo entre esa corrupción y el interés por prolongar el conflicto.

La nueva oficialidad debiera inspirarse en los ejemplos de honestidad y patriotismo de generales latinoamericanos como Juan José Torres, de Bolivia; Velasco Alvarado, del Perú; Omar Torrijos, de Panamá y Hugo Chávez de Venezuela, que trabajaron denodadamente por mejorar las condiciones de vida de sus pueblos y reforzar la soberanía frente a las pretensiones neocoloniales del imperio. Tienen en sus manos el ejemplo de Bolívar y el arsenal de su pensamiento libertador. A los militares colombianos los llamamos a fundir su práctica y acción con los sueños de las mayorías nacionales que desde hace mucho tiempo reclaman un nuevo país en democracia plena, paz con justicia social y soberanía.

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